Discrepancias dentro del Gobierno sobre cómo regular el precio del alquiler



Las políticas de vivienda siempre han suscitado muchas ampollas en el gobierno puesto que nunca se han llegado a poner de acuerdo sobre una regulación sobre el precio del alquiler. En la legislatura previa a la actual, Pablo Iglesias frustró un decreto de alquileres del presidente Sánchez. Debido a la cercanía de las elecciones del 2019 se llevó a cabo un pacto de urgencia que amplio la duración de los arrendamientos, que no solventó el dilema.

 

 

 

No fue hasta el 30 de diciembre de 2019 cuando tanto el actual presidente Sánchez y Pablo Iglesias presentaron en el Congreso de los Diputados su programa de gobierno de coalición. Dentro de ese programa se podrían leer reformas como “medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Llevar a cabo estas medidas sin ningún tipo de ayuda era muy improbable, por ello les dio luz verde a las CCAA para que de forma independiente impusieran ciertas normas a seguir para poder así regular los precios abusivos de los alquileres.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España declara que mientras esté en vigor el contrato, la renta no podrá ser cambiada por el propietario o alquilado hasta que se celebre el año de renovación de contrato. Específicamente, la subida del alquiler no podrá ser superior al resultado de administrar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, asignándose como mes de referencia el que apele al último índice que se hallase promulgado en la fecha de renovación del contrato.

Ahora bien, ¿incentivos fiscales o límites en las rentas?

La respuesta a esta pregunta está dividida en dos bandos. Por un lado, Pedro Sánchez vota por que la regulación de los precios se lleve a cabo mediante reducciones fiscales. Hoy en día, el 60% de lo que recaudan los arrendadores por rentas de alquiler no se adhiere a sus ingresos en la declaración del IRPF, es decir, tributan un 60% menos. Por lo que el Ministerio de Transportes sugiere abaratar la bonificación con carácter general al 50% y conceder incentivos extra a ciertos propietarios si concluyen con las condiciones impuestas.

Sin duda, la discrepancia está entre poner incentivos de precios para quienes alquilen barato o establecer límites de rentas. El PSOE apoya que establecer límites de rentas no es satisfactorio poniendo como ejemplo el fracaso que han obtenido estas medidas tanto en París como en Berlín.

En cambio, Unidas Podemos replica que precisamente esas medidas sí son efectivas en el corto plazo y argumenta que muchos países del entorno europeo tienen regulaciones de precios en el mercado de alquiler y que funcionan.





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