06/07/2020
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La llegada del COVID-19 a nuestro país ha sumergido a nuestro país en una crisis económica, de la que aun es pronto determinar las dimensiones. Con la declaración del estado de alarma, y la prohibición de la libre circulación, ocasionó dificultades económicas y laborales a muchos inquilinos.
La falta de ingresos está influyendo directamente en el pago de los alquileres. Aunque el Gobierno aprobó diferentes iniciativas para evitar los impagos de los arrendamientos, son muchos los arrendadores que han dejado de cobrar las rentas del alquiler. En algunos casos por las dificultades que están viviendo los inquilinos, y en otros sin que se haya comunicado motivo alguno. Durante los 98 días de duró el periodo de excepcionalidad, las comunicaciones por falta de pago (notificaciones emitidas que indican que no se ha recibido el ingreso de la mensualidad del alquiler) han crecido un 380%.
Este tipo de comunicaciones puede que no se conviertan en un caso de impago, y queden en un retraso, pero está cifra supone el porcentaje más alto de toda la serie histórica desde que se monitorizan los contratos de alquiler a través de FIM Control. En la segunda semana de mayo el 17% de los arrendadores notificaron que no habían cobrado su alquiler.
Crece la solicitud de informes de riesgo
El aumento de las comunicaciones por falta de pago ha disparado otros dos indicadores. La mala situación en la que está sumergido el país, ha elevado la preocupación de los propietarios a sufrir un caso de morosidad en su vivienda de alquiler. A más de 8 de cada 10 propietarios encuestados a mostrado su temor a tener que vivir un impago en el inmueble que tiene arrendado.
Tal y como se muestra en el gráfico 2, la preocupación que muestran los arrendadores en el segundo semestre de 2020 es la más alta desde que se empezó a medir este indicador entre este público en enero de 2013.
El incremento de las comunicaciones por falta de pago y el aumento del temor de los arrendadores a sufrir un impago ha hecho que particulares y profesionales quieran cerciorarse de cómo son la persona o personas que van a firmar el contrato. Una de las herramientas más extendidas son los informes de riesgo. Así, el número de solicitudes ha crecido un 17% respecto al primer semestre de 2019, llegándose a concentrar el 35% de las solicitudes desde mediados de mayo, momento en el que se reactivaron las visitas presenciales a los inmuebles.
