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La nueva Ley de Vivienda, vigente desde mayo de 2023, responde a la creciente presión social debido al aumento de las rentas de alquiler. Regula las comisiones inmobiliarias, estableciendo que los gastos de gestión y formalización de contratos son responsabilidad del propietario, protegiendo así a los inquilinos de estos costes adicionales.
La ley fija también un límite en las tarifas para evitar abusos en el mercado.
Este cambio beneficia especialmente a los inquilinos al reducir sus gastos iniciales y promueve un mercado más competitivo y accesible. Los propietarios, ahora obligados a asumir estos costes, deberán ajustar sus prácticas para cumplir con la nueva normativa. Las agencias inmobiliarias, por su parte, deberán adaptarse a la ley revisando sus servicios y tarifas.
La ley incluye sanciones significativas para quienes no cumplan con las nuevas medidas, con el objetivo de garantizar un mercado más justo y transparente.
Ley de Vivienda y comisiones de los agentes inmobiliarios
La entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 26 de mayo de 2023 ha generado dudas sobre los servicios que las agencias inmobiliarias pueden cobrar a los inquilinos.
La nueva ley establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos de arrendamiento de vivienda habitual corren a cargo del arrendador, según el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Este cambio prohíbe a las agencias inmobiliarias cobrar comisiones a los inquilinos por la intermediación y la firma del contrato, un coste que anteriormente recaía en los arrendatarios y que a menudo ascendía a un mes de alquiler más el IVA, lo que afecta al sueldo del agente inmobiliario.
Sin embargo, la norma no prohíbe el cobro por otros servicios que van más allá de la mera gestión y formalización del contrato. Estos servicios pueden incluir la administración del inmueble, la gestión de incidencias o la atención a inquilinos y propietarios durante el periodo de alquiler.
La ley sólo limita los cobros relacionados con la búsqueda de inquilinos y la firma de los contratos, por lo que servicios de administración y otros servicios adicionales no están sujetos a esta restricción.
Asimismo, la Ley de Vivienda no establece un régimen transitorio para los contratos firmados antes de su entrada en vigor. Según la Disposición Transitoria Cuarta, los contratos de arrendamiento anteriores al 26 de mayo de 2023 se siguen por la normativa vigente en el momento de su firma.
Esto ha generado controversias, especialmente en aquellos contratos que estaban negociación avanzada antes de la nueva regulación. En estos casos, si el contrato se elaboró antes de la entrada en vigor de la ley, se pueden repercutir las comisiones inmobiliarias al inquilino conforme a la normativa anterior.
Agente Inmobiliario Homologado FIM
El Agente Inmobiliario Homologado FIM es un agente inmobiliario autónomo que tiene esta certificación y ofrece un servicio de alta calidad en el mercado del alquiler.
Esta acreditación permite el acceso exclusivo al Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), el único registro oficial de morosidad en España, donde se recopilan datos de inquilinos con antecedentes de impago.
Esta herramienta es clave para asegurar la fiabilidad en las operaciones de arrendamiento.
Gracias a la herramienta FIM Score, el agente puede analizar y clasificar el riesgo de cada operación basándose en miles de perfiles de inquilinos, lo que le permite tomar decisiones objetivas y rápidas.
Esto brinda a los propietarios la seguridad de alquilar a inquilinos fiables, reduciendo el riesgo de impagos y protegiendo la estabilidad financiera de la operación.
La homologación como Agente Inmobiliario FIM se ha convertido en un sello de profesionalidad en el sector, cada vez más valorado por los propietarios que buscan garantizar la seguridad en el proceso de arrendamiento.
