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La entrada en vigor de la nueva Ley de la Vivienda, el 26 de mayo de 2023, trajo consigo disposiciones destinadas a abordar el impacto de los arrendatarios morosos.
Una de las consecuencias más evidentes es la falta de pago del alquiler durante el proceso de desahucio, lo que significa dejar de percibir ingresos mientras se siguen asumiendo los gastos asociados a la propiedad, como el IBI, la tasa de basuras o los pagos a la comunidad de propietarios. Por otro lado, la situación de 'inquiokupación' por parte de los inquilinos morosos puede resultar en destrozos y desperfectos en la vivienda, que sólo se descubrirán una vez se recupere la posesión de la misma.
Aunque la nueva ley pueda retrasar los desahucios de inquilinos en situación de vulnerabilidad, tarde o temprano se ejecutarán, ya que el impago de una sola mensualidad se considera incumplimiento de contrato. En este caso, será necesario iniciar el proceso de desahucio como se hacía anteriormente.
Sin embargo, la nueva normativa establece la obligación de informar a las autoridades competentes en vivienda y asistencia social cuando exista un arrendatario vulnerable. Además, se debe proporcionar información sobre si la vivienda es la residencia principal del inquilino, si el propietario es considerado un "gran tenedor" y si el arrendatario se encuentra en una situación económica vulnerable.
Morosidad en el mercado del alquiler
Ante la falta de pago del alquiler, es prudente buscar soluciones amigables antes de recurrir a medidas legales. Esto implica contactar al inquilino para entender su situación y evaluar si el atraso es ocasional y justificado.
Si el inquilino no coopera en la resolución del problema, el siguiente paso será iniciar la reclamación de la deuda por escrito, proporcionando detalles sobre la cantidad adeudada y estableciendo un plazo para su liquidación. Esto garantiza un registro comprobable del intento de comunicación.
En caso de que transcurra el plazo establecido sin que el inquilino pague, se procederá a presentar una demanda de desahucio por falta de pago. Tras la admisión de la demanda, se otorgarán 10 días al inquilino para responder, y si no lo hace, el proceso legal continuará.
¿Cuánto tiempo se tarda en desalojar a un inquilino moroso? En términos generales, en España, el proceso legal de desalojo por falta de pago puede demorarse entre seis y ocho meses.
Fichero de Inquilinos Morosos
Si deseas evitar inquilinos morosos, es posible hacerlo mediante una selección cuidadosa de los arrendatarios para tu propiedad. Al tomar medidas adecuadas, puedes atraer a inquilinos responsables que cumplan con sus pagos y no generen problemas en tu inmueble.
En este contexto, el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) destaca como la única medida preventiva efectiva frente a la morosidad en el alquiler. Este registro recopila información de profesionales inmobiliarios, propietarios particulares y sentencias judiciales, convirtiéndose en una herramienta colaborativa crucial del sector.
Estar en una lista de morosos no determina el comportamiento futuro de una persona, por lo que es esencial contar con análisis más completos, como el proporcionado por FIM Score. Este informe utiliza procesos estadísticos para asignar una puntuación que indica el nivel de riesgo de un candidato a inquilino, permitiendo una evaluación más precisa de su solvencia.
Conocer el nivel de riesgo de un potencial inquilino proporciona la capacidad de detectar posibles anomalías y riesgos a medio y largo plazo. Esto facilita la toma de decisiones más informadas y la selección de perfiles solventes que se ajusten mejor a las necesidades del propietario.
En resumen, utilizar herramientas como FIM y FIM Score permite reducir de manera significativa los riesgos asociados al alquiler de una vivienda.